Para poder reclamar los impagos del inquilino es necesario que pidamos un proceso de desahucio del mismo. El desahucio express es la forma de referirse a la última regulación del desahucio que trata de articular mecanismos más flexibles y efectivos para casar a inquilinos de la vivienda en los casos en los que fuera necesario. En un marco en que algunos inquilinos no pueden pagar las rentas el ordenamiento tuvo que dar una respuesta que proteja simultáneamente los intereses de los propietarios y de las familias necesitadas. A continuación se muestra que procedimiento se debe seguir para llevar a cabo un desahucio express.

Desahucio exprés ¿Cómo tramitarlo?

El desahucio exprés es un procedimiento que permite al propietario de un inmueble reclamar su desalojo y devolución. Tiene lugar en los tribunales, ya que deben ordenar a las fuerzas y cuerpos de seguridad garantizar la efectividad del desalojo. Además en los últimos años se han introducido medidas de protección del arrendatario para evitar desalojos abusivos. La regulación actual permite desahuciar al precarista en menos de seis meses. Estos son los objetivos del desahucio exprés:

  • Acortar el plazo de espera del arrendador cuando quisiera desahuciar por impagos a su inquilino.
  • Permitir que el arrendatario se librara de sus deudas a cambio de abandonar voluntariamente el inmueble. También se permite la paralización del desahucio a cambio de abonar las cantidades debidas.
  • Agilizar los procedimientos de reclamación de rentas debidas y de lanzamiento.
  • Garantizar la atención de las personas en situación comprometida por las autoridades competentes en materia de política social.

Este es el proceso que se debe llevar a cabo para tramitar un desahucio exprés. Lo primero y más importante es contactar con un abogado y denunciar ante la policía. El abogado se encargará de promover el desahucio ante los tribunales. Una vez que el abogado haya realizado todos los tramites se tendrán que esperar unos cuatro o seis meses hasta la resolución del caso.

En el caso de que el juez decida que el inquilino debe abandonar la casa, es cuando el arrendador podrá reclamar los impagos. Para ello se tendrá que solicitar en el juzgado que se congelen las cuentas del inquilino y también, si fuera necesario, su nómina en el caso de que trabaje.

El problema de recurrir a estas vías es que se puede ser víctima de una querella. El derecho a la propiedad privada no se reconoce como derecho fundamental en la Constitución. Pero esto sí ocurre con la inviolabilidad del domicilio.

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