Se suelen dar casos en los que los propietarios de viviendas de protección oficial comenten fraude alquilando sus viviendas a terceras personas. Esto no es legal, y por ello se pueden llegar a pagar altas multas y hasta perder la vivienda. En el caso de qué queramos alquilar nuestra vivienda VPO es importante que nos informemos de en qué condiciones lo podemos hacer. En el caso de que seas el propietario de una vivienda VPO a continuación te mostramos qué requisitos hay que cumplir para poder alquilar una vivienda de estas características y qué sanciones podemos tener en el caso de que no cumplamos con la ley.

Requisitos

Una VPO se puede alquilar cuando ya se ha convertido en una vivienda libre, cuando por el paso del tiempo (10 años) el piso ha sido descalificado y ya no se considera de protección oficial. También se puede descalificar la propiedad sin que haya transcurrido el período de tiempo, solicitándolo a la administración de la comunidad autónoma.

Si optamos por esta última opción, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta antes de presentar la solicitud. En primer lugar, es necesario que adjuntemos a la solicitud cierta documentación: el DNI del solicitante y la escritura de propiedad de la vivienda de protección. Si lo hubiera, también sería necesario presentar la cancelación del préstamo.

Otro aspecto a tener en cuenta es el económico. En principio, descalificar una VPO no ocasiona ningún tipo de gastos, pero la administración puede requerir la devolución de ciertas cantidades, a saber, las ayudas económicas que el propietario haya recibido y otros beneficios legales. En cualquier caso, las condiciones pueden cambiar en función de las cláusulas iniciales en cada situación particular.

Sanciones

El uso de la vivienda protegida no puede ser cedido a terceras personas distintas a sus adjudicatarios quienes, además deben destinarla siempre a su domicilio habitual y permanente. El ejercicio en dicho domicilio de una profesión, oficio o pequeña industria no desvirtúa el carácter de residencia habitual. La falta de ocupación de la vivienda de forma temporal exige autorización administrativa. La normativa establece este principio en el artº3 del R.D. 3148/1978.

El régimen estatal considera infracción muy grave no destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y permanente, pudiendo llevar aparejada una sanción de hasta 6.000€, la descalificación de la vivienda y las acciones de desahucio en caso de inquilinos infractores.

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